La sociedad dominicana tiene ante sí la agudización de un problema que ya no admite más aplazamientos por parte del Estado dado los trastornos emocionales, psíquicos y espirituales que el mismo genera en la población: La inseguridad ciudadana.

Esa problemática tiene que ser encarada de manera frontal por las autoridades correspondientes o inevitablemente este país se conduce a un estado de locura colectiva o en un sálvese quien pueda.

No conozco un país del mundo que haya podido alcanzar estadios de desarrollo espiritual y material teniendo en sus entrañas una patología  tan nociva como la citada anteriormente.

Ese fenómeno no se puede seguir postergando, pasándole bálsamos, hay que extirparlo de una buena vez del cuerpo social de la República Dominicana, cueste lo que cueste, duela lo que duela.

La percepción de inseguridad de la población en República Dominicana es una de las más altas de la región, de acuerdo a un diagnostico presentado recientemente  por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

De acuerdo al informe  de Desarrollo Humano “Seguridad Ciudadana con rostro humano” 2013-2014, el 64.8 por ciento de la población dominicana percibe un deterioro de la seguridad ciudadana -el índice más alto de los países estudiados-, seguido por Venezuela (58%), Brasil (56.9%), México (55.9%), Costa Rica (54.8), Bolivia (53.2) y Uruguay (55.2%).

Los datos del PNUD indican que República Dominicana también obtuvo los índices más de personas que dicen han sentido la necesidad de cambiar de barrio por temor a la delincuencia, 21.5%; que han limitado sus lugares de compra por la inseguridad, 51.1%; y que han limitado sus lugares de recreación por la inseguridad, 59.1%.

El país está entre los países con alta tasa de homicidios, 23 por más de cien mil habitantes de acuerdo con el Observatorio Político Dominicano (nivel considerado de epidemia según la escala de la OMS de más de 10 por cien mil habitantes), en cuanto al robo, está en una tasa baja de 16.7% -una de cada seis personas o más fue robada en el último año.

Hay que terminar con ese problema, es algo irresistible, traumático, genera stress en la población, y lo más preocupante para un país envía de desarrollo como la República Dominicana afecta el flujo turístico y aleja la inversión  extranjera. Hay que actuar con más contundencia. Después será muy tarde.

Un Estado que se precia de moderna tienes varias obligaciones importantes, entre ellas las de promover y velar por la seguridad pública en todas sus variantes; simplificar y agilizar las gestiones de los ciudadanos en su contacto con los organismos gubernamentales, y mantener al día con los últimos adelantos científicos y tecnológicos aquellas leyes y reglamentos que tienen mayor impacto sobre las actividades cotidianas del pueblo.

Las vidas y actividades diarias de la ciudadanía se ven muy afectadas no por la poca legislación, sino por la falta de hacer cumplir con las leyes y reglamentos del tránsito vehicular por las vías públicas.

La Ley 241 del 28 de diciembre de 1968, sobre tránsito de vehículos, ha sufrido varias modificaciones y enmiendas para tratar de ajustar dicho estatuto a las cambiantes realidades sociales y tecnológicas.

Al cabo de 46 años que tiene en vigencia la Ley 241 poco avance se ha logrado, y cada día que pasa la situación del tránsito vehicular se torna más caótica y difícil, pese a ciertas medidas que se han tomado para mejorar y/o aliviar esta situación.

En sus inicios, la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT) fue un organismo dinámico, integrado por un grupo de ingenieros y técnicos conocedores del tránsito, y se tomaban medidas para mejorar el mismo. Luego la DGII se convirtió en una entidad de venta de las licencias de conducir y hoy está privatizada.

Otros organismos se han creado a la medida de ciertos funcionarios, los cuales han operado y dirigido los mismos a su antojo y conveniencia.

Varios organismos han sido y son completamente inoperantes y no han podido, ni han querido, ejercer cabalmente las funciones para los cuales fueron creados.

El 11 de octubre del 2012 el Ing. Rafael T. Crespo Pérez, Diputado al Congreso Nacional por el Distrito Nacional, presentó un anteproyecto de ley ante el presidente de la Cámara de Diputados, que persigue modificar la Ley 241 de Tránsito y Transporte Terrestre de nuestro país, ley que tiene el nombre de “Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial”.

Hay que darle crédito al ingeniero Crespo Pérez por la laboriosidad, deseo y buen intento de modificar la Ley 241.

Esta ley, según algunos funcionarios del área de transporte del país, la han querido vender como una ley unitiva que resolverá de una vez y por todas los problemas del tránsito y del transporte terrestre.

En los tres años que tiene este anteproyecto de ley de haberse sometido al presidente de la Cámara de Diputados, aún no se ha podido aprobar.

Me he tomado la libertad de leer este anteproyecto de ley, por lo menos dos o tres veces y compararlo con las leyes de tránsito vigentes en Puerto Rico y en Méjico, y me atrevo a afirmar que la misma es defectuosa, y que su principal defecto es que se ha querido hacerla muy amplia y abarcadora, y presenta signos innegables de inadecuación y obsolescencia estructural, tales como una redacción confusa y desorganizada, disposiciones contradictorias, lenguaje repetitivo, extensión excesiva y falta de sistematización.

El requisito de toda ley es que la misma se redacte con un lenguaje sencillo y directo, estableciendo una reglamentación ordenada, y eficiente, para que todo aquel que la lea pueda interpretarla correctamente y así poder cumplirla cabalmente.

La Ley tiene 9 títulos y por lo general estos títulos se subdividen en capítulos y los capítulos en subcapítulos y estos en artículos; además consta de 331 artículos.

El problema de la antigua Ley 241 fue que se crearon varios organismos para el sector tránsito y transporte, como la OTTT que nunca ha podido regular las rutas urbanas e interurbanas, y se ha convertido en un organismo para expedir franjas para nuevas rutas y nunca ha podido establecer una tarifa adecuada en el transporte, debido a las altas y/o bajas en los precios de los combustibles. La OPRET se convirtió en un constructor de las líneas del Metro de Santo Domingo, y su función de reordenar nunca la ha ejercido, y aunque ha recibido sumas millonarias del BID y de la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) para implementar programas para reordenar el tránsito, nunca se ha presentado un estudio para estos fines.

La AMET funcionó bastante bien al principio de su creación, luego fue militarizada y se les agregaron nuevas funciones y vino su fracaso. Al igual que la OMSA, ésta se convirtió en un cementerio de chatarras.

En la nueva ley se crea el Instituto Nacional de Tránsito Terrestres (INTRANT) organismo rector con fusiones definidas.

En la nueva ley no se menciona ni se regula el tránsito de motocicletas, que es el mayor dolor de cabeza en lo que respecta al tránsito por nuestras calles y los accidentes frecuentes.

Más de 26.000 cubanos de los 1,7 millones evacuados durante el paso del huracán Irma por la isla el pasado fin de semana aún no han podido regresar a sus hogares y permanecen en albergues o en casas de allegados, informaron hoy medios oficiales.

De toda la población que tuvo que dejar su vivienda antes de la llegada del potente ciclón, el 86 % fue acogida en casas de familiares y vecinos.

En una reunión del Consejo de Defensa Nacional el general de división Ramón Pardo, jefe de la Defensa Civil de Cuba, precisó que todavía se trabaja en la evaluación de los daños, "cifras que preliminarmente se tendrán en los próximos días".

El encuentro, en el que participaron los titulares de las principales carteras y al que también asistió el presidente Raúl Castro, sirvió para evaluar la marcha del país tras Irma, que azotó la isla entre el viernes y el sábado pasado y dejó 10 muertos, serias afectaciones en la red eléctrica y miles de viviendas derruidas total y parcialmente.

Los mayores perjuicios los sufrió el sector de la vivienda, "sobre todo en los techos", por lo que ya comenzó la producción de cemento y de tejas para ayudar a los damnificados, aseguró el ministro de Construcción, René Mesa, citado en una reseña publicada en la portada de los diarios Granma y Juventud Rebelde.

Unos 20.400 constructores con 855 equipos se ocuparán de recoger escombros, reparar viales, puentes y alcantarillas, además de apoyar en la reconstrucción de hogares y obras sociales, apuntó.

El poderoso huracán también provocó averías en más de 2.000 kilómetros de líneas eléctricas y derribó unos 3.600 postes, lo que provocó que millones de cubanos se quedaran sin electricidad y por consiguiente sin agua.

"Se trabaja día y noche para restablecer el servicio", insistió el ministro de Energía y Minas, Alfredo López, quien destacó que el fenómeno meteorológico provocó que por primera vez "el sistema electroenergético dejara de funcionar en todo el país".

Las principales centrales termoeléctricas del país, que cubren más del 70 % de la demanda eléctrica nacional, se encuentran en la costa norte, en la misma senda que siguió el ciclón.

Para López el "impacto más fuerte y difícil de solucionar" es la rotura de la central "Antonio Guiteras" de la occidental provincia de Matanzas, cuyo sistema de enfriamiento quedó comprometido por la destrucción de la casa de circulación de agua de mar a causa del oleaje.

Las olas de hasta siete metros de Irma también afectaron a los 90 pozos de petróleo ubicados en el litoral del occidente y el centro de la isla.

La producción de huevos fue la más afectada en el sector de la agricultura, debido a que decenas de naves destinadas a la reproducción de gallinas perdieron sus techos, explicó Julio García, al frente del ramo en el país.

También sufrieron daños los cultivos de plátanos, maíz y frutas.

A pesar del Irma, que afectó casi al 90 % de la isla, el sistema de salud cubano "mantuvo su vitalidad" y "hasta el momento no existen brotes de enfermedades transmisibles en los centros de evacuación ni en ningún territorio", afirmó por su lado el ministro de Salud Pública, Roberto Morales.

Unos 500 centros fueron afectados y se trabaja para restablecerlos "en el menor tiempo posible", explicó.

El huracán afectó seriamente la infraestructura hotelera de los cayos Santamaría, Guillermo y Coco, de las provincias Villa Clara y Ciego de Ávila (centro), donde Irma entró con categoría cinco en la escala Saffir-Simpson, la máxima.

El ministro de Turismo, Manuel Marrero, puntualizó que en el momento del impacto de Irma, en Cuba había más de 51.000 turistas, unos 45.000 alojados en el litoral norte.

Solo de los cayos fueron evacuados unos 10.000 clientes, precisó.

Según Marrero, las estructuras dañadas "ya se restablecen, lo cual permite asegurar que estarán listas para la temporada alta", que comenzará en noviembre de este año, cuando Cuba espera superar el récord de 4,5 visitantes extranjeros de 2016.

Al menos 22 viviendas de la provincia La Vega se encuentran inundadas por crecidas ríos, por lo que varias familias perdieron sus ajuares, según reportó el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

El organismo de emergencias informó que las inundaciones ocurrieron en los sectores La Mina, en Constanza, y en Villa Pinales y el barrio del Padre, en Jarabacoa.

Asimismo, el COE declaró a 13 provincias en alerta verde: Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, La Vega, Monseñor Nouel, Montecristi, Espaillat, Santiago, La Altagracia, El Seibo, La Romana y Hato Mayor.   

El organismo exhortó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua.

La Comisión Permanente de Salud de la Cámara de Diputados, analiza junto a la Asociación Dominicana de Células Madre, la posibilidad de crear una ley que regule el uso del novedoso tratamiento en la República Dominicana.

Le propuesta fue presentada por el presidente de la Asociación, Raúl Fontana, quien informó que el tratamiento de células madre puede ser aplicado a pacientes que padezcan de presión arterial y diabetes, así como daños de retina y regenerativa. Sostuvo que estos casos pueden ser tratados y reciben mejoría entre un 70 y 80 por ciento.

De igual manera, indicó que la entidad que dirige está a la  espera del reglamento del  Ministerio de Salud Pública para hacer algunas sugerencias sobre el mismo.

De su lado Juan Carlos Quiñonez, presidente de la comisión, valoró como positiva la propuesta de que el Congreso Nacional se aboque crear una ley en ese sentido.

“Urge regularizar este método de las células madre, porque hay muchos médicos de forma independiente, y asociaciones, que lo aplican y una alta demanda de la población, mientras tanto no están  debidamente regulados”, manifestó Quiñonez.

El legislador explicó que este tratamiento tiene ventaja en algunas enfermedades, como las de tipo regenerativo, pero en otras no.